EZLN

La globalización neoliberal de las últimas tres décadas ha transformado radicalmente el mundo rural en América Latina. El agronegocio nacional y transnacional ha extendido su control del mercado, la agricultura se ha modernizado y mecanizado, el número de pequeños y medianos productores rentables se ha reducido drásticamente y su supervivencia se ha vuelto cada vez más difícil. Los campesinos de subsistencia no logran mantener a sus familias únicamente con los frutos de la tierra y el mercado de trabajo agrícola se ha contraído, lo que genera mayor subempleo y migración laboral. Para explicar estos cambios, algunos investigadores han propuesto la perspectiva de "la nueva ruralidad", porque las cuestiones agrarias y la agricultura campesina ya no serían centrales en las decisiones y estrategias de los sujetos sociales rurales, sino que habrían sido reemplazadas por la combinación compleja de múltiples actividades productivas y fuentes de ingreso familiar y una variedad de esquemas migratorios; sea temporal, permanente o multidireccional (Grammont, 2004; Kay, 2009). Estos cambios exigirían el abandono del análisis de clase de corte marxista y los conceptos dicotómicos de la antropología (Grammont, 2004: 289–290), porque:

No estamos más frente a la disyuntiva de tener una agricultura bimodal, capitalista vs. campesina... sino trimodal: por el lado de la cúspide, un pequeño grupo de empresas agrícolas insertadas en la producción para la exportación. en el medio, las empresas familiares mercantiles orientadas al mercado interno; y finalmente en la base, unidades familiares de autoconsumo plurifuncionales por debajo de la línea de pobreza (Grammont, 2004: 293).

 

CAPITALISMO, RELACIONES DE PROPIEDAD Y LUCHA POR LA TIERRA EN MÉXICO Y BRASIL

A principios del siglo XXI, definir el capitalismo puede parecer una tarea ilusoria. Sin embargo, un entendimiento limitado del carácter específico del capitalismo tiene consecuencias importantes sobre nuestro análisis de los fenómenos sociales, políticos y económicos. En particular, una definición clara del capitalismo permite ubicar la experiencia de los campesinos del EZLN y del MST, por un lado, dentro del proceso de globalización, pero también en el terreno de la reproducción de prácticas no capitalistas dentro del capitalismo.

Muchos autores importantes, como Andre Gunder Frank (1967) e Immanuel Wallerstein (1974), han definido el capitalismo como un sistema mundial de intercambio comercial, basado en una división internacional del trabajo específica. La característica fundamental de las relaciones capitalistas, para estos autores, consiste en que la producción sea destinada al mercado sin importar las formas de producción. Siguiendo los trabajos de Karl Marx (1991), Robert Brenner (1977) y Ellen Wood (2002, 2009), consideramos que esta definición es muy amplia y asimila la particularidad de las relaciones capitalistas con la producción para el mercado. Para nosotros, el capitalismo está conformado por un conjunto de relaciones sociales caracterizado por: 1) la separación de los trabajadores de sus medios de producción; 2) el predominio de la propiedad privada absoluta; 3) el predominio del valor de cambio sobre el valor de uso; 4) la dependencia de los productores al mercado; 5) el imperativo de la competencia para la supervivencia de los productores; 6) la producción para la acumulación de capital; 7) la separación de lo económico de lo político; 8) el fetichismo de la mercancía. Para el análisis de los casos que nos interesan en este trabajo, nos limitaremos a destacar la articulación de algunos elementos de nuestra definición del capitalismo: la expropiación de los campesinos de sus tierras, el establecimiento de la propiedad privada absoluta, la dependencia de los productores al mercado, el imperativo de la competencia para la supervivencia de los productores y el predominio del valor de cambio sobre el valor de uso.

Para Marx, una de las características fundamentales para el desarrollo capitalista de la agricultura consiste en la subordinación total de la tierra al capital. Esto es, sin embargo, un proceso histórico que depende de las relaciones de clase y las relaciones sociales de propiedad, que pueden tomar varios siglos en desarrollarse. Así, durante el auge del capitalismo, y aun durante las décadas subsecuentes, las formas de explotación no capitalistas pueden ser totalmente consistentes con el desarrollo del capitalismo industrial.¹ Pero, al desarrollarse el capitalismo, estas formas de producción terminan limitando la generalización de las relaciones sociales capitalistas en todos los sectores de la economía. Existen condiciones para eliminar estas trabas sólo cuando se abre la tierra a la libre inversión del capital, es decir, cuando se mercantiliza la tierra. Lo importante aquí es que todos los productores agrícolas se vuelvan dependientes del mercado para su reproducción o, en otras palabras, que todos los sujetos sociales rurales estén obligados a producir para el mercado y acumular una parte de sus ingresos para reinvertirlos en un mejoramiento de la producción, so pena de perder su modo de subsistencia (su acceso a la tierra). 

GLOBALIZACIÓN, DERECHOS DE PROPIEDAD Y LUCHA POR LA TIERRA EN MÉXICO Y BRASIL

El contexto actual de globalización neoliberal representa una nueva ola de expansión del capitalismo, tanto hacia nuevos sectores productivos como en nuevas zonas geográficas y con recursos hasta ahora no mercantilizados. Dentro de esta nueva ola de expansión, las relaciones de propiedad adquieren una importancia central. En cuanto a la cuestión agraria, la explicación presentada por los círculos oficiales nacionales e internacionales en favor de la privatización del derecho a la tierra y la descolectivización de la tenencia de la tierra consiste en pensar que sólo la propiedad privada asegura la inversión de capital en el campo.²

En México, la reforma al artículo 27 constitucional en 1992 fue la culminación de un largo proceso de cancelación de facto de la distribución de tierra que inició con el presidente José López Portillo. El análisis de Julio Moguel (1992: 270) resalta elocuentemente los nuevos límites que se impusieron sobre el poder del Estado respecto a la propiedad. En efecto, en la reforma al artículo 27 se suprimió la idea de que la propiedad debe tener una "función social". Es decir, para reforzar la inviolabilidad de la propiedad privada de la tierra se suprimió la frase "en explotación" de la formulación previa que permitía a la nación intervenir cuando la propiedad no cumplía con ciertos objetivos. Esta reforma, además de que formalmente permite la reconstitución del latifundio mediante sociedades mercantiles, puede representar una amenaza para los campesinos y los ejidatarios. Si bien el proceso de privatización no es sencillo y existen muchas prácticas y costumbres que han hecho difícil la compra de tierra por personas externas a los ejidos, a largo plazo la reforma al artículo 27, al permitir que el lote ejidal sea vendido o usado como garantía de préstamo, estableció las bases para el sometimiento de la tierra al poder del capital y la generalización de las relaciones sociales capitalistas en el campo. Pero, como lo subraya Mackinlay (2008: 184–185), ello no se ha traducido en el acaparamiento de tierra (mediante venta o arrendamiento) por el agronegocio, sino por la generalización de la agricultura de contrato. Esto, al obligar al productor directo a aumentar su productividad, le permite al agronegocio imponer el imperativo de la competencia sobre el productor directo y así cosechar los frutos de esa productividad sin compartir los riesgos. El que debe arriesgar es el pequeño productor.

En Brasil no ha sido necesario reformar el régimen de propiedad de la tierra porque, a pesar de que la Constitución de 1988 incluya el mismo requisito que la antigua ley mexicana, de que la propiedad tenga que cumplir su función social, la propiedad privada no se encuentra amenazada por éste. En efecto, el cumplimiento de la función social se establece con base en los niveles de productividad de la tierra de una determinada propiedad. Éstos son a su vez estimados con base en la productividad media, medida en la producción por hectárea que alcanzaban las tierras en las diferentes regiones de Brasil según el censo agropecuario de 1970. Puesto que los niveles de productividad no han dejado de aumentar desde la década de los años setenta, es cada vez más difícil que una propiedad no cumpla su función social y que el Estado pueda expropiarla.

EL PREDOMINIO DE LA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA EN LAS REGIONES ZAPATISTAS

Varios investigadores (Leyva Solano y Ascencio Franco, 1996; Márquez Rosano, 1996; Márquez Rosano y Legorreta, 1999; Villafuerte Solís et al., 1999) han destacado la existencia de dos lógicas en las relaciones de producción en el campo chiapaneco: la lógica campesina (de subsistencia) y la lógica de acumulación (mercantil). Según la gran mayoría de estos autores, la lógica campesina de subsistencia estaría siendo erosionada o subordinada por la expansión de la lógica comercial. Si bien esta postura tiene sentido a largo plazo, al basarse en datos del censo agropecuario de 1990 en comparación con décadas anteriores, estos trabajos no toman en cuenta la situación de crisis que se ha agudizado en las últimas dos décadas. Evidentemente, en los datos de 1990 no se puede apreciar la crisis del peso mexicano ni la entrada en vigor del Tratado de Libre Gomercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, la segunda crisis del café de 1996 y las repercusiones de la crisis asiática de 1997, eventos de los cuales todavía no se ha recuperado la economía mexicana.³ Todavía menos podían estos análisis prever las consecuencias de la actual crisis financiera y económica mundial.

Por lo tanto, consideramos que la tendencia no es hacia la comercialización de la actividad agrícola, sino hacia un refugio en la producción de subsistencia. Es decir, cada vez más campesinos, particularmente en las zonas indígenas de los Altos, la Selva y Norte de Chiapas, se retiran lo más posible del intercambio comercial y se refugian en la producción de autosubsistencia. En estas regiones, el porcentaje de hogares que no tenían ingresos o recibían ingresos menores a medio salario mínimo llegaba ya hace una década a niveles muy significativos: de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el 2000, en la región de Los Altos, 45.5% de la población no recibía ingresos y esta proporción subía a 68.6% cuando se incluían los hogares que recibían hasta medio salario mínimo. En la zona Norte estas proporciones eran de 48.7% y 65.4%, respectivamente, y de 46.3% y 60.4% para la región Selva (INEGI, 2000).

A pesar de la aparente generalización de las actividades comerciales en las zonas antiguamente consideradas de autosubsistencia, no se puede decir que las formas y las relaciones de producción sean capitalistas. Esto se debe a que el primer objetivo de la producción sigue siendo el autoconsumo y no la producción para el mercado, y aún menos para la acumulación de capital. Además, en muchos casos la "producción comercial" (como el café, el ganado, el chile) se lleva a cabo en una ínfima porción de la parcela, y la venta de esta producción, así como la del excedente de maíz y frijol, sigue siendo para conseguir un ingreso monetario que permita cubrir necesidades complementarias como la adquisición de azúcar, sal, jabón, cal, ropa y accesorios para laborar la tierra. Así, las cifras presentadas más arriba nos llevan a poner mayor énfasis en la subsistencia y relativizar la importancia de la economía comercial, y a detenernos en las lógicas de los actores locales (campesino de subsistencia, campesinos con ganado, "coyotes", comerciantes), que sugieren que en estas regiones todavía predomina la lógica del valor de uso más que la lógica del valor de cambio.

TIERRA, RESISTENCIA Y AUTOSUFICIENCIA

En las reivindicaciones y en el discurso de los zapatistas y de los sin tierra resalta una concepción de la justicia basada en un planteamiento moral, en el que la tierra es entendida como un derecho, que no depende necesariamente—y va más allá— de la existencia de un marco legal. El discurso moral de las reivindicaciones del EZLN y del MST evoca una voluntad y una necesidad de rechazar esa separación de lo económico de lo político que las clases dominantes pretenden imponer con la globaliza–ción neoliberal. Este discurso moral se encuentra además reforzado por la percepción, basada en experiencias concretas, que tienen los indígenas zapatistas y los sin tierra de la ley como un instrumento al servicio de los poderosos. El discurso moral de derecho a la tierra se opone entonces, por una parte, a la dura y fría realidad de la economía que no reconoce necesidades, y por otra, a la parcialidad de la ley, relacionada con el carácter de clase del Estado.

Una de las diferencias importantes entre los campesinos del EZLN y del MST es que en el caso de Brasil resalta mucho más un discurso de lucha de clase aunque, como lo demuestra la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, la lucha zapatista siempre ha tenido un carácter de clase. También en el caso de los zapatistas, al planteamiento de orden moral se suma una dimensión étnica (Reyes Ramos, 2001: 202) y anticolonial que, como gran parte del movimiento indígena latinoamericano, propone terminar con la explotación y la discriminación de los indígenas y sentar las bases de un proyecto de "desarrollo" de acuerdo con la cosmovisión y la cultura indígena y los objetivos concretos de las comunidades indígenas. La toma de tierra es representada, entonces, también como una recuperación, como un acto de justicia histórica, en el que los indígenas reivindican sus derechos como pueblos en el marco de un Estado–nación reconstituido. Con todo, las prácticas agrarias y agrícolas en territorio zapatista recuperado también están marcadas por ese reto de la subsistencia. Como observa Van der Haar, en esos casos la tierra sirve "en primer lugar a los que no tienen derecho a la tierra en su lugar de origen" (1998: 108, énfasis nuestro).

  

Finalmente, otro de los aspectos de la lucha por la tierra, en el que resalta el planteamiento desde la resistencia y la autosubsistencia, es el de las prioridades productivas que han adoptado la mayor parte de las comunidades zapatistas. Dentro de estas prioridades destacan el reforzamiento de la producción para autoconsumo, la diversificación de la producción, la reducción del uso de agroquímicos y la creación de microproyectos colectivos. Todas estas prioridades están marcadas por dos objetivos: garantizar la alimentación y reducir al mínimo la necesidad de dinero. La gran mayoría de los proyectos impulsados por los zapatistas vienen a complementar la producción y la alimentación tradicional de maíz–frijol (como en el caso de la cría de gallinas, la producción de pan, el cultivo de huertas), o a encontrar alternativas a la compra de productos comerciales (como en el caso de los proyectos de sastrería y las cooperativas de abasto). La mayor parte del tiempo, las prioridades productivas son pensadas en el marco de un conocimiento agroecológico que han desarrollado las comunidades indígenas en su interacción con su medio ambiente (Toledo, 2000) y dentro de su cosmovisión que, como lo ha demostrado Lenkersdorf (1996), privilegia el valor de uso sobre el valor de cambio. En algunos de estos casos —como las cooperativas de café, de tejedoras, de artesanas, de producción de miel, o el trabajo colectivo en tierra ejidal para gastos de la comunidad—, el objetivo es generar una fuente de ingreso monetario sin desplazar la reproducción agrícola familiar.